jueves, 1 de noviembre de 2012

Muerte de fiscal deja interrogantes


El juez de Atención Permanente envió a la cárcel de La Victoria por un año al exteniente homicida Charlie Muñoz
Allegados y el hijo del fiscal adjunto Omar Eduardo Álvarez observan su cuerpo en la funeraria Blandino.
Allegados y el hijo del fiscal adjunto Omar Eduardo Álvarez observan su cuerpo en la funeraria Blandino. (Laritza Calvo )
El sangriento asesinato del fiscal Omar Eduardo Álvarez Rodríguez, el pasado martes en el sector La Rosa de Herrera, mientras allanaba una residencia, ha generado hermetismo, reflejando aún más las debilidades en la implementación de los protocolos en el sistema. Además, pone de manifiesto la negligencia de los actores en el caso, dejando en la población un sinnúmero de interrogantes que aún no son aclaradas por las autoridades.

Anoche, el juez de la Oficina de Atención Permanente de la Provincia Santo Domingo, Richard Aquino Natera, envió a la cárcel La Victoria por un año al exteniente Charlie Muñoz García, como medida de coerción por el asesinato de Omar Álvarez.

El magistrado tomó la decisión tras considerar la gravedad del hecho y el peligro de fuga del imputado.

Ayer, miembros del Comité Pro-Solares del barrio El Libertador de Herrera (Coprosol), denunciaron que la muerte de Álvarez Rodríguez se debe a que este investigaba una estafa por RD$32 millones cometida por Muñoz García, mientras el procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, tras reiterar que en el caso hubo negligencia, pidió que se imponga una pena de 30 años de prisión contra el asesino.

“El magistrado se vio expuesto a una situación y en ese momento no había nadie al lado de él, en principio se supone que había cuatro policías, ¿qué paso?”, se preguntó Domínguez Brito. Agregó que pese a que el fiscal cargaba su arma, no pudo defenderse porque los disparos fueron a la cabeza.

Indignado dijo, además, que el fiscal no murió por falta de policías. “Eso es algo que uno no entiende. ¿Qué pasó? Nosotros estamos investigando adjunto de la Policía, nos resulta inadmisible que esta situación haya pasado. Esto es absurdo... Es una persona que merece treinta años y si hubiera una pena mayor, debería tener más”.  

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