Dictan 30 años por el crimen de Ubrí Boció

SENTENCIARON AL MÁXIMO DE LA PENA A DOS IMPLICADOS EN EL ASESINATO

Ramón Cruz Benzán Santo Domingo Los jueces del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenaron ayer a 30 años de prisión a los dos implicados en el asesinato del asistente del jefe de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), coronel César Augusto Ubrí Boció. El tribunal, presidido por la magistrada Gissel Méndez Álvarez, sentenció al máximo de la pena a Wáscar Antonio Cavallo Montero y a Michael Antonio Valdez Castillo, por homicidio, robo agravado y violación a la Ley 36 sobre porte, tenencia y comercio de arma de fuego. El coronel Ubrí Boció fue asesinado de varios balazos, próximo a su vivienda, ubicada en el sector Las Praderas. El móvil del crimen habría sido, según un informe de las autoridades, presuntamente para robarle su vehículo. El tribunal, integrado también por Daneira García y Vladimir Rosario, dispuso que la pena impuesta deberá ser cumplida en las cárceles de Najayo y La Victoria, al tiempo que fijaron la lectura íntegra de la sentencia para el próximo 10 de octubre. Los padres Los jueces además condenaron a ambos al pago de una indemnización de 10 millones de pesos cada uno a favor de los padres de la víctima, Heremia Boció y Mario Ubrí, Miriam Montero Quezada, esposa del hoy occiso, así como de sus hijos Yokanny Masiel, Miriany, Yorky Mirleny y Miriolys Ubrí Montero. También, los sentenció al pago de otra indemnización por dos millones de pesos a favor del hijo menor de edad de la víctima, representado por su madre, Felicia Raquel Tejada Espinal, como justa reparación de los daños y perjuicios morales y materiales sufridos por éstos. El tribunal acogió el dictamen presentado por el ministerio público, representado por los fiscales adjuntos Kelvin Colón y Fadulia Rosa, quienes habían solicitado a los magistrados declarar culpables a los imputados y, en consecuencia, condenarlos a la referida pena. (+) FAMILIAS REACCIONAN DE MANERA DISTINTA La defensa de los imputados, integrada por Ingrid Hidalgo y Raimundo Mejía, este último defensor público, había pedido al tribunal declarar a sus defendidos no culpables y en consecuencia descargarlos de toda responsabilidad penal. Tras la lectura de la sentencia, los familiares de los imputados vociferaban que se cometió una injusticia, pero los de la víctima estuvieron satisfechos con el fallo.